Este jueves el Boletín
Oficial del Estado publicaba el indulto concedido por el Ejecutivo de Mariano
Rajoy al empresario grancanario, y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas,
Miguel Ángel Ramírez. De esta forma, con la absoluta discrecionalidad de la que
goza el Consejo de Ministros para otorgar estas medidas "de gracia",
el Gobierno central libraba a Ramírez de una condena a tres años y un día de
cárcel que le había sido impuesta por un flagrante delito contra la ordenación
del territorio (...).
La investigación del
llamado Caso Bárcenas, sin embargo, ponía recientemente al descubierto que
durante los años 2010 y 2011 Ramírez fue uno de los principales financistas del
Partido Popular. A través de su ex-empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL,
y según figura en la contabilidad A de esa organización política, realizó
generosas aportaciones dinerarias al mismo partido que, con sus concesiones, ha
convertido a Seguridad Integral Canaria en la empresa líder del sector en el
Archipiélago y la séptima de todo el Estado.
Con estos antecedentes,
pues, no son muchos los que este jueves se sorprendían al conocer que el
Consejo de Ministros había decidido suprimir de un plumazo la sentencia condenatoria
que pesaba sobre Ramírez.
En España, quién osaría
dudarlo, todos los ciudadanos son absolutamente iguales ante la ley. Aunque,
definitivamente, algunos sean mucho más iguales que otros. Y si no, que se lo
pregunten al afortunado Presidente de UD Las Palmas.
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