Cualquier reo condenado con sentencia firme puede ser indultado.

El Ministerio de Justicia guarda en una caja fuerte los indultos que tramita para evitar filtraciones que alarmen a la sociedad.

Una ley de 18 de junio 1870 regula su concesión.
  La ley que los regula fue promulgada el 18 de junio de 1870 y se trata de una medida de gracia que otorga el rey a propuesta del Gobierno tras su deliberación en el Consejo de Ministros. Los indultos los presentan los propios condenados y en muchas ocasiones van acompañados por recomendaciones de los ayuntamientos y las parroquias. El tiempo medio de resolución es de más de dos años. El abogado Manuel Mata explicó que cada año se tramitan de media más de 300 indultos.
El portavoz nacional de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, advierte de que una vez que se analizan los indultos «se ve el alto porcentaje que representan los concedidos a cargos públicos y funcionarios».  El colectivo lamenta que la medida de gracia «se está convirtiendo en un instrumento para que el poder se exculpe a sí mismo».

Los Gobiernos de España entre los años 2000 y 2008, señala Joaquim Bosch  que los Ejecutivos del Partido Popular han concedido más que los del PSOE. El estudio indica que en diciembre de 2000, el entonces ministro de Justicia Ángel Acebes firmó en un solo día 1.333 indultos. Los delitos más perdonados por número son los de tráfico de drogas, seguidos de los cometidos contra la Administración Pública. Sin embargo, porcentualmente los indultos por delitos contra la Administración Pública (que son los que castigan la corrupción) representan un porcentaje más elevado.
Dentro del Ministerio de Justicia, la decisión final sobre la concesión de un indulto es potestad exclusiva del ministro. El condenado que quiere lograr el indulto presenta su petición y el Ministerio pide a los jueces que han dictado la condena, a la Fiscalía y a Instituciones Penitenciarios que emitan un informe. Los dictámenes de los jueces, fiscales y de la prisión no son vinculantes. El indulto se debate en el consejo de ministros, pero tampoco hace falta que se apruebe por mayoría.

Indultos e indultos:

La asociación progresista de magistrados europeos, MEDEL, decidió pedir el indulto de Garzón.

Los medios de comunicación nos dan, casi a diario, noticias descorazonadoras. Indultos a policías criminalmente responsables de torturas, o a altos ejecutivos de una entidad catalana de ferrocarriles, o a financieros desaprensivos. Exculpación a familias de banqueros ilustres, a causa de la confesada incapacidad de los servicios sancionadores del Estado para controlar el botín acumulado, plasmado en enrevesadas cuentas aparcadas en distintos países e idiomas. Y, más recientemente, la dispensa de investigación otorgada al presidente del Tribunal Supremo, liberándole de una investigación efectiva. Su tibia o soberbia disculpa es inatendible, porque todo el mundo sabe que en Puerto Banús no hay órganos judiciales que puedan requerir su actividad profesional, por lo que es metafísicamente imposible que fuera allí a trabajar.
Frente a este cúmulo de impunidades escandalosas, Garzón ha sido condenado con una severidad sobrecogedora por investigar a los de Gürtel y sus más que probables complicidades con quienes comunicaban con ellos en la cárcel. 

La posibilidad de que el Gobierno conceda el indulto a Garzón no es grande. Hasta ahora sólo se ha indultado  a indeseables en la mayoría de los casos. Pero alguna vez tendrá que ser la primera en que se indulte a un juez inocente. 
José María Mena. Presidente de la Associació de Juristes Demòcrates. 25-5-2012